Es de conocimiento general que el Programa Europeo Estructurado de Cooperación Permanente, o PESCO, que permite a los países europeos diseñar y financiar programas de defensa cooperativa tan pronto como acojan al menos a 3 miembros de la Unión, había provocado la ira de la administración estadounidense, que consideró que las empresas estadounidenses deberían, ellos también tienen derecho a participar en estos programas. Y tanto el presidente Trump como la subsecretaria de Adquisiciones Militares, Ellen Lord, habían amenazado con sanción por la Unión Europea si no cedía a sus demandas, confiando en esto en La OTAN siempre conciliadora con Washington.
La situación era tanto más compleja cuanto que algunos países, como Suecia, Italia o los Países Bajos, participan en programas de defensa federal en los Estados Unidos, y otros, como Polonia o Eslovenia, se sabe que tienen un tropismo pro-americano que va más allá de su propio apego a la Unión Europea. Estos países, por supuesto, estaban en gran parte a favor de permitir que las empresas de defensa estadounidenses participaran en programas europeos, por temor a sanciones que socavarían sus asociaciones transatlánticas. Por lo tanto, el tema parecía particularmente complejo y uno podía temer legítimamente que la Unión Europea no sucumbe a la presión estadounidense.
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